La movilidad, los cortes de accesos y las molestias vecinales centran la preocupación del Ayuntamiento de Getafe ante Madrilucía
El debate sobre el futuro del recinto Iberdrola Music suma un nuevo actor. Representantes empresariales de Villaverde han trasladado al Ayuntamiento de Getafe su preocupación por el impacto que los macroeventos en este espacio tienen sobre la actividad económica y la calidad de vida en los barrios colindantes.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, mantuvo una reunión con miembros de la Asociación de Nuevos Empresarios de Villaverde (UNE), en la que ambas partes coincidieron en señalar los problemas derivados de la celebración de eventos masivos, especialmente en lo relativo a la movilidad y los accesos desde la M-45. Según los empresarios, los cortes habituales y la congestión viaria afectan de forma directa al funcionamiento de las empresas del polígono y al desplazamiento diario de trabajadores y vecinos.
El encuentro se produce a pocas semanas del inicio de Madrilucía, un evento que prevé celebrarse durante 20 días consecutivos, con conciertos nocturnos y una estimación de hasta tres millones de asistentes en total. Desde Getafe y Villaverde se considera que el formato está claramente sobredimensionado para un entorno sin accesos adecuados ni una planificación metropolitana consensuada.
Tanto el Ayuntamiento como los empresarios coincidieron en que el problema no es un evento concreto, sino el modelo de uso intensivo que se pretende consolidar en el recinto Iberdrola Music. Un modelo que, según alertan, se ha repetido con festivales como Mad Cool o Reggaeton Beach Festival, y que se apoya de forma recurrente en cortes de tráfico y dispositivos extraordinarios que acaban repercutiendo en municipios que no acogen el evento.
Durante la reunión se subrayó que ningún evento de estas características debería celebrarse sin una coordinación real con los municipios afectados ni sin informes vinculantes en materia de movilidad, seguridad, limpieza y ruido. También se puso sobre la mesa la necesidad de que los costes derivados de estos dispositivos no recaigan en las administraciones locales, sino en los promotores privados.
